Ecuador viene experimentando y sufriendo en los últimos veintisiete años una creciente decepción y desengaño por la forma como se viene realizando la actividad política que ha perdido todo vestigio de consecuencia con una ideología y de apego a cánones de conductas éticos y confiables. Los sucesivos gobiernos tenidos por el país a partir de la última restauración de la democracia en 1979, no han respondido a los anhelos ciudadanos o en el mejor de los casos han estado en el cumplimiento de sus deberes por debajo de las expectativas del país, en ese contexto se han sucedido gobiernos que en algunos casos por acción y en otros por omisión, han contribuido a que la gran mayoría de ecuatorianos sientan altos niveles de rechazo al quehacer político y haya perdido la fe y la esperanza de que tengamos la posibilidad de vivir mejores días en el Ecuador de los próximos años, frente a una realidad mundial que inversamente es de exigentes desafíos y alta competitividad.
En efecto el ciudadano ecuatoriano creyó en las elecciones de 1979 en la “Fuerza del Cambio”, en gente joven con nuevas actitudes para forjar una patria renovada en conductas democráticas y afanes de privilegiar el interés común por encima de intereses personales o de grupos, lamentablemente la prematura muerte del Presidente Jaime Roldós y el ascenso al poder del Vicepresidente Osvaldo Hurtado sin un debido respaldo político, (fenómeno de “El Niño” 1982-1983 de por medio) diluyeron esa ilusión y dio origen a que surja en 1984 la tesis de la “Reconstrucción Nacional” con el slogan: “Pan, Techo y Empleo”, que asumió el poder bajo el amparo de un esperanzador cambio desde una opuesta postura política, pero para desencanto del país los manejos tradicionales y prácticas corrompidas de ejercicio del poder (con baja del precio de petróleo incluido que descendió a niveles de US 8 el barril), hizo concluir a ese gobierno incrementado el desengaño del país; la tesis “Ahora le toca al Pueblo” de 1988 en oposición a los grupos de poder económico que habían gozado de influencia en el anterior gobierno, favoreció el ascenso al poder del entonces vigoroso partido político Izquierda Democrática y su líder Rodrigo Borja, que no pudo o no supo canalizar su aplastante victoria (que incluía una mayoritaria influencia en los tres Poderes del Estado) en un consistente esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, que nuevamente desilusionados por no encontrar las respuestas que esperaban de sus gobiernos de turno, renovaron una vez más su esperanza con “el Nuevo Rumbo” ofrecido por el experimentado ex-Alcalde de Quito, Arq. Sixto Durán Ballén, quien envuelto en escándalos como el de “Flores y Miel” y el uso discrecional de “Gastos Reservados” a manera de una Caja Chica de un pequeño negocio, unido a políticas fundamentalistas privatizadoras, sólo logró producir que ascendiera al poder un nuevo grupo con el slogan “La Fuerza de los Pobres”, gobierno que cayó envuelto en folclóricos y/o estridentes escándalos de la más genuina farándula, acompañado de negociados cuestionados como el de la “Mochila Escolar” y el asalto a los Fondos Reservados (el último día del gobierno se sacaron del Banco Central 11.000 millones de sucres), lo cual desató la ira popular que extendida por todo el país debilitó al gobierno a niveles tales que las más optimistas encuestas le otorgaban un 5% de respaldo ciudadano.
Inestabilidad de gobiernos y golpes de Estado
El ascendente deterioro y pérdida de confianza en los actores políticos y la nueva decepción sufrida por los(las) ecuatorianos(as) hizo que en febrero de 1997 ante la oleada de manifestaciones que se sucedieron a lo largo y ancho del territorio nacional, el Congreso Nacional cesara en sus funciones al Presidente de la República Ab. Abdalá Bucaram, aplicando forzadamente una norma constitucional declarando incapaz para gobernar al Presidente, agravándose la decisión parlamentaria al desconocer la sucesión presidencial que correspondía por historia y por derecho a la Vicepresidenta de la República, Dra. Rosalía Arteaga, creando artificiosamente la figura de un Presidente Interino, que luego fue cuestionado por varios actos de corrupción que incluían su antecedente de haber tenido más de cien “Asesores” como Presidente del Congreso Nacional, todo lo cual lo llevó a una posterior detención en la cárcel por varios meses, restableciéndose el “orden constitucional” con un llamado anticipado a elecciones presidenciales en 1998, en las que triunfa quien afirmaba “sabía como hacer las cosas”, el ex–Presidente Dr. Jamil Mahuad, que lamentablemente lesionado por un infarto cerebral surgido antes de ser electo Presidente, dejó como huella de su paso por la Presidencia de la República un “feriado bancario” con el que banqueros descalificados se feriaron ahorros y depósitos de los ecuatorianos, siguiendo a tan dura, radical e improcedente medida económica, una truculenta devaluación monetaria de más del 400%, estableciendo una dolarización que no sólo terminó con “el sucre” como moneda de circulación nacional sino que afectó gravemente la frágil economía de los ecuatorianos(as), lo cual alentó estampidas migratorias masivas que terminaron por concluir que Ecuador es un país invivible. Un “golpe de Estado” promovido por un entonces desconocido Coronel Lucio Gutiérrez, apoyado por un precipitado y equivocado respaldo de los indígenas, se tomó el Congreso Nacional por la fuerza y nombró un triunvirato por pocas horas, provocando una nueva sucesión presidencial en la persona del Vicepresidente de la República, Dr. Gustavo Noboa, cuyo opaco paso por el poder (cuestionado por una discutible negociación de la deuda externa que lo llevó al exilio del que regresó en base al llamado “Combo Judicial” de la “Pichi” Corte que dispuso la libertad de Abdalá Bucaram, Alfredo Dahik y Gustavo Noboa), concluyó su gobierno entregando el mando al Coronel que hizo posible su ascenso al Gobierno, el Coronel Ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, en una elección que legalizó sin que el país se haya dado cuenta todavía ni dimensionado debidamente tan antidemocrático suceso, no sólo el premiar un golpe de Estado sino establecer la posibilidad que en el país grupos políticos minoritarios asciendan “democráticamente” al poder, si es que no olvidamos que los finalistas en el año 2002: Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa sólo representaban un 30% de los votantes (no de los electores), con lo cual se condenaba al 70% de ecuatorianos a escoger entre dos opciones que no representaban el pensamiento de la mayoría de ciudadanos, afectando la democracia que es básicamente un pronunciamiento acertado o equivocado pero de la mayoría ciudadana y no de minorías, gobierno que al nacer con una creciente debilidad terminó con reiteradas negociaciones de “toma y daca” con las llamadas mayorías móviles en el Congreso Nacional, hasta llegar a violentar sin ningún recato la Constitución y con una mayoría parlamentaria repartirse la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, grave quebranto constitucional que ante las masivas marchas habidas en Quito, Guayaquil, Cuenca y que amenazaba extenderse a toda la República, obligó al Presidente Gutiérrez a tratar de enmendar su grave error jurídico y tratar mediante Decreto Ejecutivo de declarar cesante a dicha Corte en otro acto dictatorial propio de quien se autodenominó “dictócrata”, todo lo cual desembocó en un rechazo ciudadano de creciente movilización iniciada por la advertencia de la arbitrariedad jurídica producida por la agrupación cívica Participación Ciudadana, movilización de los más amplios sectores ciudadanos que se radicó fundamentalmente en Quito y que fue calificada por el Presidente Gutiérrez como una movilización de “forajidos”, lo cual sirvió para que el Congreso Nacional se viera avocado a cesar en sus funciones al Presidente Lucio Gutiérrez y entregar el poder al Vicepresidente Dr. Alfredo Palacio, cuyo principal rasgo de gobierno ha sido el de la más prominente inestabilidad de su Gabinete ministerial y el de incrementar la desilusión en la actividad política de la ciudadanía ecuatoriana.
Las minorías siguen decidiendo creando una crisis de representatividad y gobernabilidad
Si los “camisetazos” de Diputados unidos a otros actos corruptos de ejercicio de poder repugnan al país, el último proceso electoral del 15 de Octubre del 2006, cualitativamente analizado repite el resultado del 2002, los dos finalistas no representan el 50% de los electores que sufragaron en esa elección, condenándose una vez más a la mayoría de ciudadanos a escoger entre dos candidatos que no representan en el más estricto ejercicio democrático a la mitad más uno del conjunto de electores, con lo cual se da paso al nacimiento de un nuevo gobierno impuesto por una minoría con el agravante que en este proceso electoral se eligió un Congreso Nacional carente de toda representatividad, si se advierte que más del 50% de votantes (votaron nulo o blanco) no eligieron Diputados, es decir, una minoría en elevado porcentaje camuflada en un voto en plancha auspiciado por los “dueños” de los Partidos Políticos, a través de alienantes campañas publicitarias será la que ocupe los escaños legislativos y decida la suerte de los ecuatorianos y con el pretexto de esa elección, hacer y deshacer del destino de la patria sin el debido derecho para hacerlo, con lo cual lo único que se conseguirá será ahondar la crisis política que vive el país y por ende limitar las posibilidades de contar con una democracia estable y superar una notoria crisis de gobernabilidad cuyo origen es sin duda la falta de suficiente representatividad de quienes controlan los poderes Ejecutivo y Legislativo, que no cuentan con un respaldo mayoritario de la ciudadanía y que sin embargo sin ningún pudor ya comienzan a pensar en volverse a repartir la Corte Suprema de Justicia, que siendo el tercer Poder del Estado y cuyos actuales miembros fueron elegidos (con las fallas que existieron) mediante Concurso Público de Méritos y Oposición, no pueden ser desconocidos abusivamente por los otros Poderes del Estado, debiendo además anotarse que difícilmente se podrá tener una mejor Corte Suprema de Justicia o si se prefiere es la menos mala que se puede tener, y a la que hay que apoyar en sus afanes de reorganizar a todo el Poder Judicial respetando por supuesto la carrera judicial y la conducta sin tacha de quienes no tienen cuestionamientos públicos sobre su idoneidad para administrar justicia. Adicionalmente a lo anotado, al tolerarse el “triunfo” de minorías se contribuye a que se fragmente la opinión nacional, se atomicen intereses facciosos y se reduzcan posibilidades de acuerdos o consensos para construir una mejor democracia y viabilizar una Agenda País.
Cabe una precisión para entender mejor este análisis. Si se revisan resultados de las elecciones de 1979, 1984, 1988, 1992, 1996, 1998, los finalistas sí representaban más del 50% de votantes, lo que legitimaba su elección, a lo que habría que agregar y hacer notar a manera de ejemplo, que en Brasil los dos candidatos finalistas en la última elección representaban casi el 90% de electores y en Nicaragua los dos más votados el 70% de electores, si Ecuador no valora esta situación de tener una democracia mutilada en su esencia, está muy lejos de acercarse a vivir un verdadero régimen de Derecho y una democracia real y no de grupos preparados únicamente para realizar elecciones y aprovecharse de este contrasentido democrático, lo cual nos lleva a concluir que el Ecuador vive una seudo democracia electoralista en el que el ciudadano es obligado a votar pero no a elegir.
El 26 de noviembre se eligió al menos malo
El análisis anteriormente efectuado que procura ubicar en su verdadero sitial la severa crisis política que sufre y siente el país, trae aparejada como irremediable consecuencia que los ciudadanos no concurrieron a votar el domingo 26 de noviembre escogiendo la mejor alternativa o la mejor propuesta, sino que votaron por quien consideraron es menos negativo o menos malo para los intereses del país y sus propias conveniencias, ello explica que la campaña en la segunda vuelta de ambos candidatos haya sido dirigida a decirle al país cuáles son los defectos del otro candidato, de tal manera que en el fondo no existió un ganador en la contienda electoral sino un perdedor. No se puede olvidar que la pérdida de credibilidad en los dirigentes o partidos políticos provocaba que alrededor del 70% de los ecuatorianos hasta treinta días antes de la primera vuelta electoral no tenían seleccionado un candidato, indecisión que experimentó un cambio sólo a partir de una agresiva campaña publicitaria (incluyendo baratillos de ofertas, regalos de camisetas, fundas con alimentos, asistencia médica, etc.), es decir, el marketing político es el que termina induciendo al elector a votar por alguien, sin que exista la suficiente convicción ni la seguridad en que el voto estaba siendo otorgado por el candidato que más merecimientos tiene por sus antecedentes en su vida pública o privada y aquello de votar por el menos malo es sin duda perjudicial para el país al no haber detrás del candidato ninguna posición firme y confiable que avale su comportamiento en el ejercicio del poder.
Estimo equivocado el que se busque satanizar a los partidos políticos, que más bien deben ser fortalecidos en cuanto representen una tendencia o postura ideológica, no se puede ignorar que no hay democracia que funcione sin partidos políticos vigorosos (caso Estados Unidos, Europa, China, Chile, Costa Rica, etc.) que en definitiva tienen el rol de servir de canales de comunicación idóneos entre el ciudadano y los dentadores del poder, lamentablemente lo que ha pasado es que en Ecuador grupos políticos populistas manejados por “dueños de esos partidos” han terminado por desacreditar a partidos con algún criterio o tesis ideológicas, a lo que hay que agregar manejos clientelares y corrompidos de algunos dirigentes de esos grupos políticos.
Necesidad de reforma política
La política como ciencia y arte de gobernar es por su fondo y forma objetiva, es ajena a subjetividades, por eso cualquier análisis para que sea objetivo no puede ser sacado de contexto ni efectuado visceralmente a partir de afectos o desafectos personales, sólo si aceptamos esta realidad podemos entender la necesidad y trascendencia de una reforma política en el Ecuador, reforma que debe tener como principal objetivo restaurar la institucionalidad democrática lo cual implica restablecer una seguridad jurídica, el principio de autoridad que sin violentar las garantías fundamentales de las personas ponga diques a quienes piensan que son titulares de toda clase de derechos y no son sujetos de obligaciones, hay que frenar a quienes piensan pueden hacer lo que les da la regalada gana, nadie tiene derecho de afectar o abusar de las garantías de los demás, hay que entender que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro, hay que rescatar la gobernabilidad de las garras del desorden, del tumulto, de la algazara, sobre todo del chantaje del que presiona para obtener prebendas y beneficios personales o alternativamente réditos electorales, hay que atacar sin pausas ni contemplaciones la corrupción, no hacerlo es favorecer la sinvergüencería de unos en perjuicio de otros, los “más vivos” aprovechadores de los “tontos”, y eso es canallesco, injusto e infame.
Qué hacer y cómo hacer esa necesaria reforma política, he ahí el reto de encontrar el camino para hacerlo y la vía es la Consulta Popular solicitando al Congreso Nacional declare urgente la misma, si el Congreso lo niega, se puede optar por la convocatoria a una Asamblea Constituyente o Constitucional para lo cual existe el antecedente de 1997. La Reforma tiene que ser sobre temas puntuales e incluir un cambio sustancial en el Congreso Nacional que debe integrarse por diputados elegidos por Distritos Electorales para que recuperen la representatividad que actualmente en su mayoría no la tienen, hay que recuperar normas de la Constitución de 1978 que fueron abolidas sin ninguna justificación, tales como un Congreso que sesione noventa días al año, que exista un menor número de Diputados, eliminación de partidos o grupos políticos que no tengan al menos el 5% de respaldo electoral, es fundamental profundizar la descentralización e ir a un régimen de autonomías, establecer mayores niveles de participación de la sociedad civil organizada, establecer el voto facultativo, y en definitiva un conjunto de reformas que renueve la democracia y modernice el país.
Medios de comunicación deben colaborar
Es innegable que una “mala noticia” es una buena noticia para alimentar el morbo de las personas, pero eso no justifica que sea el escándalo o la vanidad lo que predomine en la información noticiosa de los medios de comunicación, más aún si se está consciente que los medios de comunicación sobre todo los audiovisuales tienen una enorme influencia en el pensamiento y decisión de la gente, por ello los medios de comunicación, también deben restablecer la ética, sin aquello no hay información sino desinformación y eso estimula la confusión y en esa confusión es donde triunfan los más pícaros y cínicos. Un periodista debe entender que no es el supremo juez de nada ni de nadie, su deber es transmitir la información que llega a conocer, investigarla y procurar que el ciudadano(a) esté debidamente orientado sobre lo que sucede en la colectividad en la que vive. (continuación del artículo publicado el domingo 26 de noviembre del presente año en este diario)
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