Autonomías provinciales: el reto del Ecuador para el siglo XXI

Dentro de la crisis de todo orden que vive el Ecuador a fines del siglo XX, le quedan muy pocas posibilidades para emprender un proceso de recuperación, pues lamentablemente los errores y desatinos cometidos después del boom petrolero de los años setenta, vuelven imperioso e inaplazable un cambio estructural del modelo de organización y administración del Estado.
Se ha venido repitiendo en los últimos años sobre la conveniencia de un gran pacto social, en la necesidad de reactivar el aparato productivo de la sociedad, de estabilizar la política cambiaría, monetaria y crediticia, se ha repetido que es necesario descentralizar el país, es decir no han faltado planteamientos e ideas, pero en nada se ha dado un solo paso y se ha mantenido una recurrente tesis política-económica-administrativa, que hace que nos encontremos en una especie de "callejón sin salida". No exagero si afirmo que lo único que se expande y crece es la corrupción a través de sus variados tentáculos y testaferros, éstos, bien o mal intencionados.
En este contexto las instituciones públicas y privadas de Manabí, con sus organizaciones sociales, proponen la implantación en el Ecuador de un régimen de autonomías provinciales, sin tocar la actual división política-administrativa de las veintidós provincias, para no crear elementos de desunión nacional, dejando que libremente las provincias puedan unirse voluntariamente en una mancomunidad o en una región, pero ese es un proceso posterior y voluntario de integración. Hay que precisarlo, la propuesta está formulada para que se la debata y converse entre ecuatorianos de toda la geografía nacional, pues este planteamiento estimamos puede convocar a todos a unirnos en función justamente del debate de esta tesis, cuyos beneficios resultan evidentes en países como Suiza y España y en otros países donde se ha implementado un sistema, administrativo como el que se propone.
¿Por qué el planteamiento de autonomías?, porque el Ecuador desde inicios de su vida republicana ha mantenido una permanente división como país, originada en factores de carácter geográfico y climático, cuando en realidad esta diversidad climática y geográfica, puede y debe ser un factor de unidad nacional. Esta incuestionable verdad, es la que explica que en el espíritu de todos los ecuatorianos sintamos orgullo de los atractivos de Quito, de su herencia colonial, de su gran desarrollo urbanístico de las últimas décadas, como igual orgullo se siente de todo el conjunto de virtudes de Cuenca, de sus atractivos arquitectónicos, de su gran desarrollo educativo y cultural, como tierra de poetas, historiadores y literatos que la han llevado a convertirla en patrimonio de la humanidad. Siempre se sintió también gran valoración por el folklore, por la belleza y bondades de los valles y playas, por la pujanza productiva de toda la Costa ecuatoriana, por la rebeldía e inigualable generosidad de sus habitantes, de la reserva que significa el Oriente ecuatoriano, con sus ríos caudalosos, sus selvas todavía vírgenes e intocadas y los misterios que ellas encierran, la condición paradisíaca y excepcional como centro turístico y patrimonio ecológico de la humanidad que constituyen las Islas Galápagos, los ecuatorianos hemos disfrutado siempre del incomparable paisaje, de la majestuosidad de los volcanes, de la sensibilidad hecha música, del ingenio artesanal y toda una gama de las más diversas atracciones y peculiaridades de todas las provincias de la Sierra, todo eso ha sido motivo de orgullo de los ecuatorianos. Dónde entonces radica el problema de ser un país que no terminamos de entender unos y otros. Manabí y sus instituciones, consideran que ello responde a que los ecuatorianos no hemos aceptado nuestra real identidad, que debiendo partir de una realidad étnico-cultural e histórica, nos permita conocernos a nosotros mismos y nos una en un objetivo común de Patria, pero esa identidad sólo será factible alcanzarla, si admitimos nuestra verdad sin disimulos y en la medida que reconozcamos que también existe el llamando "Ecuador profundo", ese Ecuador cuya mayor fortaleza y riqueza es su gran diversidad, lo cual debe fortalecer la unidad nacional como ya lo consagra con toda diafanidad y énfasis el actual Artículo 3 de la Constitución en actual vigencia. Por lo antes anotado, es que también afirmamos que existe un Ecuador como Estado jurídicamente parchado a través de 19 Constituciones, que sólo reflejan la ausencia de una nacionalidad consistente y armónica, por lo que el régimen de autonomías permitiría construir, eso sí de una manera concertada y no compulsiva, aquel Estado-Nación que ha estado muy lejos de existir en nuestra inestable vida republicana. Es un imperativo que el Ecuador empiece a comprender lo que pasa en un mundo tan internacionalizado e interdependiente como el de fines del siglo XX, que nos desafía a que entendamos de acuerdo a claras sugerencias de la ONU y la UNESCO, que el gran problema del mundo presente y del que está por venir, es el relacionado con el pluralismo étnico-cultural, lo cual explica el porqué nuestra Constitución ya recoge un tratamiento especial a las minorías indígenas y afro-ecuatorianas.
Reconocida esa diversidad étnico-cultural e histórica, antes que climática y geográfica, no existe otro camino que permita la unidad nacional que no sea el posibilitar que las distintas provincias o regiones del país puedan planificar y programar su desarrollo, unirse si lo desean, y procurar responsablemente el bienestar de sus habitantes; ello sólo será posible si tomamos conciencia de que un modelo de administración centralizada, sólo produce una injusta distribución de los ingresos públicos con la consecuente desmotivación ciudadana, que se traduce en irresponsabilidad cívica, pues se genera una conducta en la cual desde todos los rincones del país se pide al Gobierno de turno la solución de todos los problemas, configurando una distorsión que crea la imagen de un Estado perverso, que no atiende los requerimientos nacionales y un ciudadano ecuatoriano que desentendido de sus deberes ciudadanos, sólo se acostumbra a pedir, reclamar, lamentarse, quejarse o protestar. Este esquema es que hace que el Ecuador no tenga en la actualidad ningún modelo definido de administración del Estado, pues el modelo que tenemos es de un Estado a veces paternalista o dadivoso, a veces arbitrario, a veces perturbador, a veces monopolio, todo lo cual sólo ha servido para crear un ambiente de inseguridad jurídica, alentando vanidades de Gobiernos y Congresos en permanentes campañas electorales, repartiendo transferencias de asignaciones presupuestarias para después solicitar a cambio, votos en futuras elecciones. Es hora de dar paso a un modelo de Estado que sea regulador, árbitro, facilitador de iniciativas y esfuerzos personales y garante de los derechos fundamentales de los doce millones de ecuatorianos, que hoy en su inmensa mayoría, sólo atinan a pensar la impotencia de que sus anhelos ciudadanos no son escuchados y menos garantizados, al sentir y saber que tienen un poder central muy distante de ellos.
El propio sistema democrático se encuentra resentido y no existen vías de superar ese deterioro del régimen Republicano de Gobierno, que no sea a partir de impulsar un modelo de democracia participativa, que se active desde las células básicas de la sociedad a través del régimen de autonomías. Ello posibilitará que los Municipios recuperen su condición de entes rectores de sus respectivas colectividades, restaurando el antiguo modelo del Ayuntamiento de vecinos heredado de España, el que las parroquias, recintos, barrios, se organicen en juntas, comunidades o cooperativas de producción o en organizaciones que les permitan ser actores responsables y solidarios del propio bienestar de la comunidad a la que se pertenecen. Estas organizaciones debidamente concientizadas, se vincularán en un proceso progresivo con el Poder Central a través de gobiernos provinciales intermedios, que elegidos con representantes igualitarios de cantones (hasta que se organicen distritos electorales), y con representantes de sectores representativos de la sociedad civil, permitan ir enlazando un nuevo y más dinámico Ecuador. Este planteamiento el Ecuador histórico lo ha debatido pero no lo ha implementado, así lo recogen las actas de las Constituyentes de 1861, 1897, 1929 y 1945.
El régimen de autonomías tendría adicionalmente la ventaja de liberar el esfuerzo ciudadano, se produciría automáticamente una dinamización de la economía y por ende del aparato productivo de la sociedad, provocando efectos multiplicadores de generación de riquezas y empleo, que viabilizarán con el flujo de bienes y capitales, una más abundante y mejor distribución y circulación de riqueza, una ampliación social de acceso al crédito y como consecuencia de ello, un auténtico mejoramiento de la calidad de vida de todos los ecuatorianos. La otra alternativa es mantener una recurrente historia de un Ecuador condenado por su inercia como país y por claudicación de sus líderes y gobernantes, a una crisis que se profundizará hasta hacernos estallar como sociedad y desintegramos como país.
De otra parte, en un régimen de autonomías es posible avanzar ciertamente en un proceso de una real justicia social, con una mejor distribución de los recursos públicos, mediante un reparto más equitativo de los tributos que genera el país, para ello hay dos vías que plantea Manabí: descentralizar la recaudación de tributos al consumo (IVA, ICE, Impuestos a las transacciones bancarias, matriculación vehicular, distribución de utilidades en venta de combustibles, peaje, etc.) para que se queden en la provincia que engendra o genera la riqueza que permite el consumo, o que se forme una gran "caja tributaria" para que se la redistribuya entre todas las provincias bajo tres parámetros: a) contribución provincial al PD3, lo cual estimula a quien más produce; b) número de habitantes, lo cual es igualitario; c) necesidades básicas insatisfechas, lo cual es solidario. A estos tres indicativos podría agregarse el factor extensión territorial como un elemento de mayor equidad. La exportación de petróleo serviría para amortizar la deuda pública, sobre todo la externa, y el Impuesto a la Renta y los aranceles a las exportaciones los recaudaría y servirían para atender necesidades del Gobierno Central, que están previstas en el Artículo 226 de la Constitución vigente.
Finalmente creemos, que si no hay primeramente un acuerdo en el contenido de la propuesta, en su fundamento doctrinario, en su propia filosofía de hacer país, es imposible dictar leyes que como la de descentralización y participación social vigente, son fríos enunciados que en la práctica no se aplican, porque no hubo ni el acuerdo nacional ni el Ecuador se puso de acuerdo en la filosofía de ese acuerdo, aparte de que en el fondo dicha ley mantiene el mismo esquema de un Estado manejado centralizadamente, y conserva un criterio paternalista y/o dadivoso. El régimen de autonomías permitirá una auto organización espontánea y responsable de sectores más homogéneos de la sociedad ecuatoriana, que rompa con la injusticia de la imposición de criterios, que sólo han favorecido la formación de pequeños grupos oligárquicos que manejan el poder político y económico del Ecuador. Los actuales partidos políticos y el affaire bancario son producto de este caduco sistema.
El desafío está lanzado, el resto es responsabilidad de todos: políticos, empresarios, académicos, artesanos, profesionales, trabajadores, campesinos e inclusive de militares. Es hora de obrar sensata y patrióticamente.